By Christine
Herman, Side Effects Public Media November 26, 2019
Cuando
José trajo a su familia a los Estados Unidos desde México hace casi dos
décadas, tenía la esperanza de darle a sus hijos una vida mejor.
Pero
ahora le preocupa el futuro de su hijo de 21 años, quien ha vivido en el centro
de Illinois desde que era un niño pequeño. El hijo de José tiene antecedentes
penales, lo que podría convertirlo en un blanco para los oficiales de
deportación. Kaiser Health News (KHN) no está usando el nombre del
joven debido a ese riesgo y utiliza el segundo nombre del padre, José, porque
ambos viven en los Estados Unidos sin papeles.
El año
pasado, el hijo de José fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno
bipolar, y ha estado enfrentando barreras para obtener un tratamiento
asequible, en parte porque no tiene un estatus legal. La falta de tratamiento
le ha causado problemas con la ley.
Defensores
de la salud mental dicen que muchas personas con estos trastornos que no
reciben tratamiento corren el riesgo de caer en un círculo vicioso, entrando y
saliendo del sistema judicial. Y la situación es particularmente difícil para
los indocumentados.
“Si lo
deportan, estaría prácticamente perdido en México, porque no conoce México”,
dijo José, hablando a través de un intérprete. “Lo traje aquí muy joven y, con
su enfermedad, ¿a dónde iría? Terminaría en la calle”.
Problemas
legales
El hijo
de José ha pasado varias semanas en la cárcel y numerosos días en los
tribunales durante el año pasado.
En la
situación más reciente, el joven se sentó nervioso en la primera fila de una
sala de la corte del condado de Champaign, en Illinois. Vestido con una
impecable camisa blanca y pantalones de vestir, bien peinado, miraba al suelo
mientras esperaba que entrara el juez.
Ese
día, se declaró culpable de un cargo por daños a la propiedad. El incidente
ocurrió en la casa de sus padres a principios de este año. Se había peleado con
su cuñado y había roto una ventana. Su padre dijo que fue un momento más entre
tantos en los que estaba fuera de control, luchando con su trastorno mental.
Antes
de comenzar el proceso, el juez leyó en voz alta una advertencia, una práctica
que ahora es estándar para asegurarse que las personas que no son ciudadanas
sean conscientes de que podrían enfrentar la deportación (o que se les niegue
la ciudadanía o el reingreso a los Estados Unidos) si se declaran culpables en
un tribunal.
El hijo
de José recibió 12 meses de libertad condicional.
Después
de la audiencia, dijo que su vida era buena hasta hace un par de años: estaba
viviendo solo, trabajando y tomando clases en un colegio comunitario. Pero todo
cambió cuando comenzó a escuchar voces y a luchar para aferrarse a la realidad.
Se alejó de sus amigos y familiares, incluido su padre.
Una
vez, comenzó a conducir erráticamente, pensando que su auto le estaba ordenando
qué hacer. Un mes después de ese episodio, comenzó a tener pensamientos
suicidas y, a veces, tenía deseos de lastimar a otros.
En
2018, fue hospitalizado dos veces y finalmente le diagnosticaron esquizofrenia
y trastorno bipolar.
José
dijo que durante este tiempo, su hijo, que siempre había sido respetuoso y
amable, se volvió cada vez más discutidor e incluso amenazó con lastimar a sus
padres. Las internaciones psiquiátricas parecían no ayudar.
“Nos
pedía ayuda, pero no sabíamos cómo ayudarlo”, dijo José. “Me decía: ‘Papá,
siento que me estoy volviendo loco'”.
El hijo
de José dijo que visitó a un terapeuta varias veces y tomó el medicamento que
le recetaron en el hospital. También estuvo consumiendo marihuana para
enfrentar la situación.
El
medicamento ayudó, dijo, pero sin seguro de salud no podía pagar el costo
mensual de $180. Cuando dejó de tomarlo, comenzó de nuevo a tener problemas con
la policía.
Sin
papeles y sin seguro
Para
las personas que son indocumentadas y viven con una enfermedad mental, la
situación es “particularmente insostenible”, dijo Carrie Chapman, abogada y defensora del Legal
Council for Health Justice en Chicago, que representa a muchos clientes como el
hijo de José.
“Si
tienes una enfermedad mental por la cual no se puede controlar la conducta,
puedes terminar en el sistema judicial”, dijo Chapman.
Las
personas con enfermedades mentales representan solo un pequeño porcentaje de los delincuentes
violentos; en realidad, son más propensas, en comparación con la población en
general, a ser víctimas de delitos
violentos.
Chapman
dijo que hay mucho en juego cuando las personas sin papeles ingresan al
sistema: corren el riesgo de ser deportadas a un país donde no hablan el
idioma, o donde es aún más difícil obtener atención de salud mental de calidad.
“Podría
ser una sentencia de muerte”, dijo Chapman. “Es una crisis increíble, que se
deje caer por esas grietas a una persona joven tan vulnerable con una
enfermedad mental grave”.
Se
estima que 4.1 millones de personas
menores de 65 años que viven en el país no son elegibles para Medicaid o la
cobertura del mercado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio debido a su
estatus migratorio, según la Kaiser Family Foundation. (Kaiser Health News es
un programa editorialmente independiente de la fundación).
Entre
ellos se encuentran los indocumentados y otros inmigrantes que por otras
razones no están en una de las categorías federales como residentes legales.
Las personas protegidas contra la deportación a través de la Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia del gobierno federal, o DACA (los dreamers),
tampoco son elegibles
para estos programas.
Para
muchas personas en todos esos grupos, la atención médica asequible está fuera
de alcance.
Algunos
estados han extendido el acceso a Medicaid a los niños indocumentados,
incluidos Illinois, California, Massachusetts, Nueva York, Oregon, Washington y
el Distrito de Columbia, según la National State Conference of
Legislatures. Pero los beneficiarios pierden esa cobertura a los 19
años, excepto en California, que recientemente amplió la elegibilidad hasta los 25.
Para
aquellos que no pueden acceder a un seguro de salud asequible debido a su
estatus, la atención médica se limita en gran medida a servicios y tratamientos
de emergencia cubiertos por atención de caridad o brindados por centros comunitarios
de salud.
No está
claro a cuántas personas se ha deportado por problemas relacionados con
enfermedades mentales; no hay buenos registros disponibles, dijo Talia
Inlender, abogada de derechos de los inmigrantes en Public Counsel, un grupo de
abogados pro bono con sede en Los Ángeles. Pero estimaciones de la American
Civil Liberties Union sugieren que decenas de miles de inmigrantes deportados
cada año tienen una discapacidad mental.
Inlender,
quien representa a personas con discapacidades mentales en audiencias de
deportación, dijo que cuando la falta de acceso al tratamiento comunitario
eventualmente lleva a una persona a ser detenida en un centro de inmigración,
esa persona corre el riesgo de un mayor deterioro porque muchas instalaciones
no están equipadas para proporcionar atención psiquiátrica.
Además,
agregó que los inmigrantes que enfrentan la deportación en la mayoría de los
estados generalmente no tienen derecho a un abogado público durante las
audiencias, y tienen que representarse a sí mismos. Inlender señala que un
inmigrante con discapacidad mental podría ser particularmente vulnerable sin la
ayuda de un abogado.
(Después
de una demanda colectiva, Washington, California y Arizona establecieron el
derecho a un abogado para inmigrantes con enfermedades mentales graves que
enfrentan la deportación).
¿Medicaid
para más personas?
Chapman
y otros defensores de los inmigrantes dicen que expandir Medicaid para cubrir a
todos los que califiquen, independientemente de su estatus legal, y crear una
vía más amplia hacia la ciudadanía sería un buen primer paso para ayudar a
personas como el hijo de José.
Los
críticos del impulso para expandir Medicaid para cubrir a más personas
indocumentadas se oponen y argumentan que ese dinero debería gastarse en aquellos
que viven legalmente en el país. (La medida de California para expandir
Medicaid hasta los 25 años le costará al estado alrededor de $98 millones,
según estimaciones).
En
cuanto al hijo de José, hace poco encontró una farmacia que ofrece una versión
más barata de su medicamento, y se siente mejor.
Ahora
trabaja como paisajista y espera volver algún día a la universidad para
estudiar negocios. Pero teme que su historial criminal pueda interponerse en el
camino de sus metas, y es consciente que eso también lo convierte en un blanco
de los oficiales de inmigración.
José
dijo que su mayor temor es que su hijo termine en México, lejos de su familia y
amigos, en un país del que sabe poco y nada.
“Hay
miles de personas pasando por estos problemas… y están en la misma situación”,
dijo José. “Están en la oscuridad, sin saber qué hacer, a dónde ir o a quién
pedir ayuda”.
Esta
historia es parte de una alianza informativa entre Kaiser
Health News, Side Effects Media y NPR.
Christine
Herman ha recibido una beca Rosalynn Carter para periodismo de salud mental.
Twitter: @CTHerman.
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